13 de diciembre de 2017

En los últimos años han ido apareciendo noticias sobre personas y entidades con cuentas en paraísos fiscales que reavivan la preocupación por el tema del fraude fiscal (vulneración de una norma tributaria con la que se pretende eludir mediante engaño el pago de un impuestos). Con ello se relacionan otros actos como la evasión fiscal (ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos) y la elusión fiscal (evitar o minimizar el pago de impuestos, en principio por vías legales, depositando el dinero en países donde se pagan menos impuestos). También existen otras formas no ajenas a las anteriores para evadir impuestos, como las facturas falsas, los pagos sin factura que evaden el IVA, el blanqueo de capitales o prácticas legales como el régimen de estimación objetiva de la base imponible del IRPF, que se pueden utilizar para ello.

Este es un problema generalizado. Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20 y desde instancias europeas se vienen adoptando medidas y planes de colaboración entre países tendentes a evitar la pérdida de ingresos por motivos ilícitos, que sustraen de las arcas públicas cuantiosas masas monetarias. La Unión Europea en el preámbulo de la Directiva 2011/16/UE reconoce que el fraude y la evasión fiscal se han agravado en el espacio comunitario. El pasado octubre, la Comisión Europea señalaba que solo por el IVA se pierden anualmente más de 150.000 millones de euros. Aunque es difícil calcular el monto total de fraude, no lo es apreciar que se trata de una cantidad que podría bastar para el sostenimiento del Estado de Bienestar, o para mejorar las infraestructuras. Tampoco hay que olvidar que el fraude y la evasión fiscal en el ámbito empresarial proporcionan injustas ventajas competitivas a quienes lo practican.

Los ciudadanos europeos están muy preocupados por el fraude fiscal. Lo están el 75 por ciento de los europeos y el 89 por ciento de los españoles, según datos del Eurobarómetro de abril de 2016. Según los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, julio 2013), el 94,8% de los españoles cree que existe “bastante o mucho fraude”. Resolverlo requiere necesariamente acciones políticas a nivel internacional como la promovida por la OCDE para el desarrollo de redes de intercambio de información, impulsada a través del Foro Global sobre Transparencia e intercambio de Información para la lucha contra la evasión de impuestos y fiscal; o los planes implementados por la Unión Europea para el intercambio automático de información entre administraciones tributarias de los países miembros. Igualmente, se requieren acciones políticas a nivel nacional porque permanecer inactivo ante este problema o actuar deficientemente genera desconfianza entre la población agraviada. La población demanda que las instituciones intervengan más y mejor para combatir este problema. En España, la encuesta del CIS (2013) reveló que el 66,9% de los españoles considera que el Gobierno español hace “poco o muy poco” en la lucha contra el fraude.
FUTURA, consciente de la trascendencia de este asunto, quiere contribuir al mejor conocimiento sobre la dimensión del problema y los medios para resolverlo.
CHARLA-COLOQUIO:
  • Carlos Cruzado Catalán, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
  • Francisco J. Lucena Gracia, Profesor Asociado del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Córdoba y Funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda (AEAT).
Modera: Isabel García Rodríguez, Doctora en Sociología del Instituto de Estudios Sociales Avanzadas (IESA).
Lugar y hora: IESA-CSIC (Campo Santo de los Mártires, 7 – 14004 Córdoba), miércoles 13 de diciembre, a las 19:30 horas.
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